Por Sofía Espinoza
Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión, puso sobre la mesa la posibilidad de presentar un proyecto de reforma electoral. Controvertido para algunos, necesario para otros. Recientemente se rechazó la primera propuesta: diversos miembros de partidos que suelen ser aliados de Morena votaron en contra junto con la oposición. El punto más sensible fue la reducción de los legisladores plurinominales, lo que evidenció algo más profundo que una simple diferencia política: los límites reales de cambiar las reglas del sistema democrático sin afectar sus equilibrios.
Morena parece no rendirse y presentó el llamado “Plan B”. Con esto, la discusión resurge con un enfoque distinto, pero con implicaciones igualmente profundas. Para muchos, esta propuesta se limita a cuestiones técnicas del sistema democrático. Sin embargo, la realidad es que los cambios planteados también impactan la estabilidad institucional y, como consecuencia, el entorno económico del país.
El Plan B propone modificaciones a nivel legal con una lógica de austeridad política: reducción de estructuras y costos, ajustes en la organización municipal y cambios en el funcionamiento del aparato político. Desde la narrativa oficial, estas medidas buscan hacer más eficiente el uso de recursos públicos. Pero más allá de sus objetivos declarados, surge una pregunta fundamental: ¿cuál es el costo institucional de la austeridad?
El problema no es reducir costos en la política, sino el costo que puede tener hacerlo sobre la confianza institucional. En un sistema democrático, las instituciones electorales no solo organizan elecciones; garantizan la imparcialidad, la equidad y la legitimidad del proceso. Cualquier modificación que afecte su funcionamiento o percepción puede incidir en la credibilidad del sistema. Por ello, distintos sectores han manifestado su preocupación ante una posible erosión de la confianza institucional.
La discusión sobre los legisladores plurinominales ilustra bien esta tensión. Su función ha sido garantizar la pluralidad política; sin embargo, bajo una lógica de eficiencia, su reducción ha sido planteada como necesaria. El dilema es claro: simplificar el sistema puede implicar debilitar sus contrapesos.
Para el sector empresarial, este debate no es menor. La estabilidad democrática es un componente esencial de la certeza jurídica, y esta es clave para la inversión. Los inversionistas no solo observan las normas, sino la fortaleza de las instituciones que las aplican. En este contexto, cualquier modificación a las reglas electorales envía señales.
Una reforma percibida como técnica y consensuada puede fortalecer la confianza. Por el contrario, si se interpreta como una alteración del equilibrio institucional, puede generar incertidumbre y cautela en la inversión.
Esto cobra especial relevancia en un momento en que México busca consolidarse como destino estratégico para la inversión global, particularmente en el marco del nearshoring. La oportunidad es clara, pero su éxito depende también de la percepción de estabilidad institucional.
Al final, no se trata solo de cómo se reforman las reglas, sino de qué tan confiable sigue siendo el sistema que las sostiene. Porque sin confianza, no hay inversión; y sin inversión, no hay crecimiento.
Por Sofía Espinoza
